John Roberts suele ceder ante Trump, pero no lo hizo con el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca
Por Joan Biskupic, analista principal de la Corte Suprema de CNN
“La Casa Blanca no es un edificio cualquiera”.
Así lo afirmó el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien a menudo ha cedido a la autoridad ejecutiva de Donald Trump. Sin embargo, el lunes se distanció del presidente y de sus compañeros conservadores del tribunal para protestar contra el colosal proyecto del salón de baile.
Fue una disidencia inusual y una ruptura notable para el presidente de la Corte Suprema, quien ha redactado algunas de las opiniones más importantes en apoyo a Trump, como la concesión de inmunidad frente a procesos penales en 2024 y la decisión de junio pasado que le otorgó el poder de destituir a los directores de agencias independientes.
Aun así, la retórica fue la típica de Roberts.
Su declaración disidente de seis páginas estaba impregnada de respeto por la historia y la arquitectura de la capital del país. Citó a Theodore Roosevelt y Winston Churchill mientras ensalzaba el valor de las estructuras emblemáticas.
“Nosotros damos forma a nuestros edificios, y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros”, escribió Roberts, citando un fragmento de un discurso de guerra de Churchill de 1943.
El presidente de la Corte Suprema añadió: “Con mayor razón debemos asegurarnos de que los responsables cumplan las normas a la hora de decidir qué demoler y qué construir en la Casa del Pueblo”.
Roberts, quien suele contarle al público que en su momento tuvo la intención de obtener un doctorado en Historia en lugar de una licenciatura en Derecho en Harvard, ensalzó el simbolismo de la arquitectura histórica de Washington.
Observó que cuando Roosevelt, en 1902, le agradeció al Congreso las asignaciones para la construcción de las alas este y oeste, se refirió a la “sencillez majestuosa” de la arquitectura original y a la importancia de preservar “tales edificios como monumentos históricos que mantienen vivo nuestro sentido de continuidad con el pasado de la nación”.
A lo largo de su dictamen, el presidente del tribunal, quien suele mostrar orgullo por el edificio de columnas de la Corte Suprema, demostró su propio aprecio por la estética de la Casa Blanca. (El tribunal no tuvo su propio edificio hasta 1935, más de un siglo después de la construcción de la Casa Blanca y el Capitolio de Estados Unidos).
Sin embargo, la postura de Roberts no tuvo ningún efecto y, al menos para Trump, no le significó nada. Sus cinco colegas conservadores ya tenían con la mayoría necesaria para permitir que el presidente continuara con la construcción del salón de baile, que lleva casi un año en marcha y está a punto de finalizar.
Sin embargo, la declaración de Roberts del lunes añade una nueva dimensión a su trayectoria: un enfrentamiento a la audaz agenda del segundo mandato de Trump. Los casos relacionados con Trump han dominado la agenda del tribunal y contribuirán al legado de Roberts.
Si bien Roberts ha dado luz verde a muchas de las políticas de Trump, en la última sesión votó en contra de dos de las más extremas: los aranceles generalizados impuestos a los productos extranjeros sin la aprobación del Congreso y el intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica centenaria que otorga a cualquier niño nacido en Estados Unidos la ciudadanía estadounidense.
El caso del lunes, que evoca la historia estadounidense, también sirve como recordatorio de la posición de Roberts como rector de la Institución Smithsoniana. Si bien su cargo es en gran medida ceremonial, debido a su función como presidente de la Corte Suprema, ha supervisado las reuniones de la junta directiva del Smithsonian y ha sido testigo del continuo esfuerzo de la administración de Trump por reformar los principales museos públicos del país.
El empeño de Trump por transformar a Washington a su imagen y semejanza se materializa en su iniciativa de grabar su nombre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y construir un arco triunfal de 76 metros de altura. El arco está proyectado para ser construido en la rotonda entre la entrada del Cementerio Nacional de Arlington y el Monumento a Lincoln.
La demanda fue interpuesta por el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica. La institución argumentó que la demolición del ala este y la construcción de un salón de baile de 8.300 metros cuadrados y una estructura de seguridad requerían la aprobación del Congreso.
Los tribunales federales inferiores fallaron preliminarmente a favor del Fideicomiso y permitieron que el caso siguiera adelante. Los jueces determinaron que el Fideicomiso tenía legitimidad para demandar, ya que había demostrado un perjuicio significativo. El Fideicomiso citó a Alison Hoagland, una historiadora de la arquitectura y líder y miembro de larga trayectoria del Fideicomiso, quien alegó que su disfrute de la Casa Blanca se había visto afectado.
La mayoría de la Corte Suprema declaró insuficientes sus argumentos, y respondió que “la mera ofensa, el desacuerdo o el disgusto no constituyen un daño concreto y particularizado” que justifique una demanda. La mayoría emitió la opinión per curiam , término latino que significa “por el tribunal”, como suele ocurrir en las apelaciones que llegan a su calendario de casos de emergencia. Ninguno de los magistrados (Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) firmó una opinión por separado.
Para Roberts, la demanda de Hoagland no era insignificante. (A su opinión se unieron las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson).
El presidente del tribunal señaló: “La Casa Blanca no es un edificio cualquiera, y, en lo que respecta a la preservación histórica, Hoagland no es una persona cualquiera”.
Comentó que en casos judiciales anteriores se ha determinado la existencia de un perjuicio cuando se alegan “intereses estéticos”. Hizo referencia a un precedente de 1992 en el que, como lo describió Roberts, “el deseo de observar una especie animal, como un cocodrilo en particular, incluso con fines puramente estéticos, era innegablemente un interés reconocible a efectos de legitimación procesal”.
Respecto al caso, Roberts declaró: “Una conservacionista histórica como Hoagland puede verse perjudicada estéticamente de una manera concreta y particular por la transformación de un edificio histórico que disfruta con frecuencia, del mismo modo que un ecologista puede sufrir un daño estético concreto y particular por la extinción de un animal en particular o la transformación de un bosque o río en particular que disfruta habitualmente”.
El caso del lunes giró únicamente en torno a la cuestión de la legitimación procesal. La mayoría afirmó que no se pronunciaba sobre la legalidad del proyecto del salón de baile en sí, pero Roberts dejó clara su opinión sobre todo el proyecto.
Desde el principio, señaló que el Congreso había prohibido explícitamente la construcción en dichas propiedades federales “sin la autorización expresa del Congreso”.
“Es probable que esa construcción sea ilegal”, dijo, y declaró que la asignación habitual para el mantenimiento de la Casa Blanca “probablemente no autoriza al presidente a usar cientos de millones de dólares de donaciones privadas para derribar el ala este y construir un salón de baile en su lugar”.
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